América Latina: Concentración de medios deja publicidad en pocas manos

Primer Informe Estado de la Libertad de Expresión

Los mayores adjudicatarios de la publicidad estatal son también los que concentran la mayor cantidad de medios de comunicación:radios, canales de televisión y prensa escrita.

La concentración de medios de comunicación en pocas manos también ha provocado una alta concentración de la pauta publicitaria del Estado. Así lo revela el Primer Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión presentado el pasado viernes 26 de enero por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) y el Centro de Investigaciones en Comunicación (Cicom), ambos de la Universidad de Costa Rica.

El informe señala además, como grandes amenazas, la falta de una ley de acceso a la información, la ausencia de una nueva ley de medios, la transnacionalización de las empresas mediáticas en América Latina, el limitado acceso que tienen las poblaciones más vulnerables a Internet, así como el poco interés en la agenda legislativa por fortalecer los derechos comunicativos.

Según explicó Giselle Boza, Coordinadora del Proledi, el informe pretende “aportar al debate y a la diversidad de puntos de vista, para incidir en la formulación de normativa y políticas públicas que contribuyan a profundizar la democracia comunicativa”.

Boza destacó que el estudio busca abrir espacios para nuevas investigaciones académicas en el marco de los derechos comunicativos; así como proponer mecanismos de fortalecimiento de la promoción y protección de estos derechos desde la ciudadanía.

Publicidad en pocas manos

Mientras en el país ya hay evidencias de grandes concentraciones de medios de comunicación, así como de transnacionalización, como es el caso de Albavision, otro fenómeno que sostiene a estos grupos mediáticos es la adjudicación de miles de millones de colones por parte del Estado y sus instituciones en pocas manos.

Es decir, las empresas que concentran la mayor cantidad medios de comunicación y frecuencias de radio son también las que reciben mayor cantidad de dinero por publicidad oficial.

“El alto pago por publicidad oficial a pocos adjudicatarios es uno más de los resultados de la concentración de medios que hay en nuestro país, y si a eso le sumamos que actualmente no hay una legislación que norme la asignación de la publicidad oficial el problema se hace más grave”, destacó Johanna Rodríguez, autora del capítulo del informe que aborda el tema.

Rodríguez recordó que esta concentración de publicidad oficial en pocos adjudicatarios, implica también excluir a medios de comunicación locales y regionales, por lo que también se excluye a un grupo importante de la población.

“La asignación de la pauta publicitaria a través de la contratación directa debe ser, siguiendo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de forma excepcional y en casos de emergencia o imprevistos debidamente justificados. Para evitar que la publicidad oficial incentive la concentración de medios, los procedimientos de contratación deben ser transparentes, abiertos y no discriminatorios.”, destacó Rodríguez.

Según el informe, entre otros elementos que agravan este fenómeno está la asignación de la publicidad oficial mediante contratación directa de los medios de comunicación, de manera que, estas adjudicaciones no poseen mecanismos de participación abiertos.

El informe revela, por ejemplo, el caso de Cadena Radial Costarricense Sociedad Anónima, que recibe publicidad oficial en: 94.7, Radio 103, Radio Azul 99.9, Radio 95.9 y La Súper Estación (89.1 FM).

Otro caso es Central de Radios CDR Sociedad Anónima, que cuenta con Radio Disney (101.1 FM), Radio Monumental (93.5), Radio Best FM (103.5 FM), Radio La Mejor (99.1 FM), Radio Z (92.1 FM), Radio Exa (102.7 FM), Radio Momentos Reloj (94.3 FM) y Radio Managua (670 AM).

También destaca Grupo Nación GN Sociedad Anónima, que recibe publicidad oficial en Radio Bésame (89.9 FM), Radio Q Teja (91.5 FM), Prisa Radio (91.5 FM), Los 40 Principales (104.3 FM), Periódico La Teja y Periódico La Nación.

“La publicidad debe verse como un elemento esencial en la relación entre las instituciones del Estado y la población, así como un canal de comunicación entre el Estado y la población. En este sentido diferentes entes públicos utilizan la pauta para realizar, por ejemplo, campañas educativas, de divulgación, entre otros. Sin embargo, no todas las instancias especifican en sus informes en qué invierten los recursos destinados a este rubro”, explicó Rodríguez, autora del capítulo.

Hay dos casos en Costa Rica de instituciones del Estado que usaron la pauta oficial para “castigar medios de comunicación”. Está el caso Banco Nacional-La Nación en el 2016 y del Banco de Costa Rica en el 2015, en ambos casos, los bancos cancelaron o disminuyeron pauta por publicaciones que los comprometían.

Existen dos subpartidas destinadas a publicidad y propaganda (la primera) e información (la segunda). En el 2015 ambas subpartidas ubicaron en medios de comunicación ¢8.173.401.865 y en el 2016 fue de ¢7.891.624.997.

Deudas con el acceso

El informe destaca el hecho de que el país no posee un marco legal que regule el acceso a la información pública y sus límites; además, recuerda la deuda en cuanto a la garantía del acceso a Internet y nuevas tecnologías para toda la población, principalmente los grupos sociales más vulnerables.

El informe destaca el decreto N.º 40200 y la presentación del Expediente N.º 20361 a la corriente legislativa, además de 3 propuestas más. Al respecto se concluye que un decreto no es suficiente para un derecho fundamental, que entre sus características más importantes está su inmersión en el Principio de Reserva de Ley.

En el 2017 se presentaron cuatro proyectos de ley  relacionados con libertad de expresión y derecho a la información; sin embargo, en los cuatro casos, la corriente legislativa los ha mantenido en Comisiones sin llegar al Plenario.

En propuestas de ley relacionadas con libertad de expresión y derecho a la información, desde el 2003 se han presentado en el Congreso 20 proyectos. Destacan dos iniciativas con una década de estar en la corriente legislativa y otro, que cumple 14 años.

Algo muy similar pasa con el acceso a Internet, un derecho fundamental también. En este campo la deuda está principalmente con las poblaciones más vulnerables. Nuevamente, el informe indica que el “debate en Costa Rica sobre los desafíos de Internet para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión parece no ser un tema prioritario de política pública”.

Según el informe, a pesar de que el país ha tenido un aumento del 97% en el acceso a la Internet móvil, la mayor deuda es velocidad de conexión, un rezago que afecta las posibilidades de las personas de buscar, recibir y difundir información.

También, recuerda que no hay en el país un marco normativo que indique el acceso a Internet como derecho, pero la Sala IV en su voto No. No 10627-2010 sí lo establece como tal. Esta resolución recuerda también el derecho a la información, que no solo tiene que ver con acceso a Internet, sino también con la premisa de que el Estado debe garantizar condiciones favorables para la diversidad, el pluralismo y la inclusión social.

Desde el Proledi y el Cicom tienen como objetivo publicar este documento sobre el Estado de la Libertad de Expresión cada dos años.

En la Asamblea Legislativa se presentaron 4 proyectos de ley en el 2017 que pretenden regular el acceso a la información pública. El primero: Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Expediente No 19113 ), propone la creación del Instituto Costarricense de Acceso a la Información (ICAI) como una “institución autónoma con desconcentración máxima” (p. 28), además de toda una serie de definiciones, conceptos, límites, procedimiento y sanciones, entre otros apartados.  (Actualmente este proyecto se encuentra en trámite en la corriente legislativa.)

Destacan también el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública (Expediente No 20361), una iniciativa de ley que es presentada por el ejecutivo y que sigue la misma línea de decretos que ha desarrollado el gobierno los últimos años sustentados en los principios de “universalidad, no discriminación, transparencia, máxima divulgación, inclusión, neutralidad, participación ciudadana y rendición de cuentas”.

También se ha planteado un Proyecto de Ley de libertad de expresión y prensa (Expediente No 20362), una propuesta también del ejecutivo que pretende modificar normativa penal como exclusión de delito, publicación reparatoria, deber de abstención, querella y demás.

Un cuarto proyecto de ley pretende reformar el Art. 30 de la Constitución Política (Expediente No 18475), este “busca darle mayor contenido a la norma constitucional actual y se ajusta a disposiciones constitucionales modernas”.