Los puntos ríspidos que deberá abordar la ley de comunicaciones convergentes

En noviembre finalizan las consultas de la futura norma. TV paga, telefonía móvil e interconexión en un esquema de competencia, los aspectos polémicos

Competencia, competencia, competencia. Es lo que se escucha en cada reunión donde se aborde cualquiera de los temas que entran en el mundo de las telecomunicaciones. Y lo que regirá la redacción final de la futura ley de comunicaciones convergentes. Lo más ambicioso y tal vez lo más difícil de abordar y resolver.

Habrá que promover competencia entre grandes jugadores, cada uno con sus interesesparticulares; habrá que definir cuestiones vinculadas con espectro porque ya no será posible convocar a futuras licitaciones en bandas que están ocupadas o destinadas a otros servicios; habrá que generar un marco que sea claro y aliente inversiones; porque habrá que garantizar el acceso a la conectividad al grueso de los argentinos con buena calidad y mejores precios.

Habrá también que darle lugar, de una vez, a las llamadas pyme de telecomunicaciones, un grupo variopinto donde será difícil que una decisión otorgue el mismo nivel de beneficios y oportunidades a todos. Parte del dilema se centrará sobre abrir la competencia, aún en estos segmentos donde la espalda es pequeña pero los músculos, de tanto entrenamiento adverso, enormes como los de un atleta de crossfit. O protegerlos, aspecto que no parecería estar considerándose en la actualidad.

Habrá que abordar el tema de las aplicaciones digitales, y lo que ellas generan en la economía digital. Determinar imposiciones tributarias, establecer exigencias, contar con personal lo suficientemente avezado en estos temas como para dirimir las cuestiones con la celeridad que los tiempos de la banda ancha exigen.

Las definiciones estarán basadas en los 17 principios que en julio pasado la comisión redactora de la ley de comunicaciones convergentes estableció y que son el esqueleto sobre el que se apoyará la futura normativa.

Lo cierto es que en noviembre terminará la ronda de consultas que se hicieron con los distintos actores interesados en la futura normativa. Y finalizarán también las rondas académicas que se efectuaron en diversas universidades nacionales del país. También cerrará, el 30 de noviembre, la consulta que se habilitó a los ciudadanos a través de internet y que, hasta ahora, el interés principal manifestado por quienes dejaron su inquietud se relaciona con el servicio de telefonía celular.

“El 30 de noviembre terminarán todas las actividades participativas y tendremos hasta marzo para redactar el anteproyecto. No veo temas ríspidos a resolver porque hemos recogido la opinión de todos los sectores que, además, han participado de las convocatorias realizadas”, dijo a iProfesional Silvana Giudice, a cargo de la comisión redactora de la ley.

La funcionaria destacó que el foco de la ley se basará en los 17 principios y que apuntará, en líneas generales, a mejorar las comunicaciones, la interconexión, buscará fomentar la competencia. Respecto del “viejo esquema de radiodifusión, se favorecerá a los medios comunitarios como fuente de diversidad”, indicó.

Al ser consultada sobre cómo se garantizará la competencia ante tanta disparidad en el tamaño e intereses de los actores del mercado, Giudice sostuvo que debido al “rol fundamental que cumplen las pequeñas empresas telco se tomarán varias medidas, por ejemplo, fortalecer el esquema de competencia y el fomento a través del Servicio Universal“.

La ley se propondrá como una herramienta para devolverle al país su sentido de federalismo, que está proclamado pero no ejercido. “No somos un país federal. Pero por medio de este recurso y otros podremos devolverle al federalismo un sentido ético a través de recursos técnicos”, dijo el filósofo Santiago Kovadloff, al describir el espíritu que se buscará imprimirle a la normativa. Lo hizo en el marco del II Seminario Internacional de la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones, que se realizó en la última semana de octubre en la Usina del Arte.

Para cumplir con ese principio de federalismo habrá que llegar a todos los rincones del país con conectividad. Y para ello, habrá que valerse de cualquier tecnología. A partir de ahí, se abrirán las posibilidades de las distintas jugadoras del mercado para dar servicios. Es en este contexto en el que comienzan a aparecer los puntos más complejos de resolver.

– el Gobierno ratificó el compromiso de habilitar, a partir de 2018, a las empresas de telefonía a dar servicios de televisión paga. Está establecido en el decreto 267/2016 que introdujo modificaciones en las leyes 26.522 (de medios) y 27.078 Argentina Digital. Sin embargo, en ese texto, se contempla la posibilidad de prorrogar la imposibilidad actual por un año más. El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo en septiembre, en el marco de las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable (ATVC) que no habría más plazo, que las telefónicas comenzarán a dar esos servicios a partir de 2018. En Telefónica desconfían. Quieren que haya una ley que diga con precisión cuándo les estará habilitada esa chance. Es la razón por la que las inversiones comprometidas a finales de 2015 para el trienio 2016-2018 se reformularon y sólo están en marcha las de este año, por $9.000 millones. Hasta que no esté escrito, firmado y sellado en una ley la apertura total del mercado de radiodifusión (video, televisión) para todos los actores la compañía de origen español no comprometerá más recursos que los necesarios para mantener la operación.

-los cableoperadores son los que más resisten el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de TV paga. Pidieron, también en septiembre pasado, dos años más de exclusividad para explotar ese mercado. Desde el Gobierno respondieron que no.

-los cableoperadores también resisten a las empresas de TV paga por vínculo satelital. Si bien todos, de alguna manera, han sabido competir con DirecTV, el segundo mayor proveedor del servicio con 2,5 M de clientes, después de Cablevisión, sostienen que las compañías satelitales no hacen inversión en infraestructura como el resto de las jugadoras del mercado. Y que si el Gobierno busca inversiones, debería limitarse de alguna manera la acción de quienes no hacen su aporte por el desarrollo de infraestructura, que es lo que busca generar el Gobierno para garantizar las inversiones. Para el ministro Aguad, la expectativa es que en 2017 los desembolsos en esta industria alcancen los u$s 5.000 millones.

-las cooperativas de telecomunicaciones pequeñas y medianas no quieren competencia a mansalva. Sostienen que no podrán enfrentar una situación de este tipo con ningún operador satelital que se les plante de un día para el otro. Que si se decide habilitar esta posibilidad sin ningún tipo de resguardo este segmento directamente desaparecerá. Esta postura no es compartida por las cooperativas más grandes, que suelen tener una actitud más afín a la de las compañías de telecomunicaciones independientes, como iPlan, Metrotel, y otras.

-para cuando todas las operadoras puedan dar televisión paga se estarían barajando diversas alternativas para iniciar la actividad con una tecnología de fácil despliegue por un lapso definido y, luego, avanzar con construcción de red concreta. En una modalidad de cumplimiento que podría inspirarse en el cronograma de despliegue de la red 4G.

-el grupo de empresas que no participa de la telefonía móvil quiere ingresar de alguna manera, no importa cuál sea hoy su principal negocio de telecomunicaciones. Necesitan la movilidad. De manera individual o grupal, telcos independientes, cooperativas de telecomunicaciones, operadores de TV paga pyme y hasta proveedores de internet han pedido su licencia para actuar como operadores móviles virtuales (OMV). Aún no se les han entregado esas autorizaciones. Sin embargo, esto sería un hecho y entre quienes están a cargo de la redacción de la ley se prevé que otorgar este permiso a estos jugadores sería darles una herramienta para que incrementen su competitividad. Y para que puedan defenderse frente a las compañías más grandes.

– la interconexión de redes: habrá que definir los esquemas de manera clara, y analizar si, tal como ya pidió iPlan -y de hecho está ejecutando- no importa si se trata de servicios fijos o móviles, sino que se trata de redes que se interconectan en sus diversas alternativas y que deben existir mecanismos transparentes para que esto ocurra.

Estas definiciones, entre otras, estarán sujetas, a su vez, a la batería de medidas de urgencia que, se prevé, publicará el Gobierno en las próximas semanas para corregir algunas discrepancias que surgieron a partir del decreto 267/2016, y que todavía no encuentran el canal de resolución final. Tal como sucede con la banda de 700 Mhz.

La banda de 700 Mhz fue adjudicada a Movistar, Personal y Claro a finales de 2014 para dar servicios 4G. Todos los operadores ya pagaron por esa porción de espectro que ganaron. Pero en ese espacio un grupo de empresas daba servicios de televisión mediante UHF, como Telecentro.

Si bien el Gobierno ya dictaminó que tanto esta como otras empresas deben dejar esa banda y mudarse a otros, también establecidos en la polémica resolución 2531, Telecentro resiste. Quiere indemnización por esa decisión. A lo que el Gobierno se niega, de acuerdo a lo asegurado por diversas fuentes consultadas.

Mientras tanto, las que pagaron por el espectro reclaman la liberación para poder ampliar servicios. Esa banda permitiría mejorar la prestación de 4G dentro de los edificios (indoor). Sin embargo, la falta de una decisión final al respecto impide que esto ocurra.

La falta de decisiones ágiles -más allá de que el Ministerio de Comunicaciones en todas sus áreas trata de poner al día lo que no se hizo durante más de 10 años y estar a la orden de la actualidad- impide por el momento que se promueva la mentada competencia.

Será la agilidad en la resolución de los conflictos lo que marcará la diferencia de la gestión actual con las anteriores. Y lo que también determinará las inversiones futuras del sector y el acceso a servicios de calidad de telecomunicaciones y a buen precio para los argentinos.