La publicidad en la mira de todos …

LA PUBLICIDAD OFICIAL EN LA MIRA DE TODOS

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  PERU LEGISLO LA PUBLICIDAD ESTATAL

El Ejecutivo promulgó la ley que regula la publicidad estatal, la cual establece los criterios de transparencia y racionalidad para su contratación por parte de las instancias del aparato estatal.

La norma, la ley 28874, señala que la autorización de la publicidad estatal está condicionada a la existencia de un plan de estrategia publicitaria y a la justificación de las campañas institucionales y de la selección de los medios de difusión, informó la agencia Andina.

Asimismo, se establece que las entidades y dependencias no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o partido político alguno.

También que estas deberán publicar los contratos de publicidad en su respectivo portal y presentar dentro de los diez días siguientes al vencimiento de cada trimestre, los programas o campañas de publicidad llevadas a cabo en el periodo correspondiente.

La referida ley señala que en la contratación de los servicios publicitarios, las entidades y dependencias solo darán preferencias a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados, si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura.

Otro criterio de la contratación es la descentralización del gasto, respecto de comunicación de alcance regional, departamental y local.

La norma lleva la firma del presidente del Congreso pasado, Marcial Ayaipoma, y su vicepresidente, Fausto Alvarado Dodero; y la rúbrica del jefe del Estado, Alan García Pérez; y el jefe del Gabinete ministerial, Jorge Del Castillo.

   

LA OEA LE PIDE AL CONGRESO QUE LEGISLE EL OTORGAMIENTO DE PUBLICIDAD OFICIAL

RADIODIFUSIONDATA el Fri Sep 14 at 7:37 pm Uhr
  LA OEA LE PIDE AL CONGRESO QUE LEGISLE EL OTORGAMIENTO DE PUBLICIDAD OFICIAL

En un comunicado, dijo que sería importante avanzar en la consideración de los proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) coincide en que son necesarias reglas claras y transparentes que regulen el manejo de la pauta publicitaria del Estado. Reporteros Sin Frontera también remarcó que el chantaje de la publicidad oficial llevó a un cierto número de medios de comunicación a censurar sus programas.

Al analizar la situación de Argentina, en su Evaluación de la Libertad de Expresión en el cuarto trimestre de 2006 , la Relatoría sostuvo que: “tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país, la Relatoría Especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional que procuran regular la asignación de publicidad oficial. Por otra parte, preocupa a la Relatoría que durante el trimestre bajo estudio se habrían levantado del aire programas radiales por alegadas presiones de funcionarios públicos.”

La Asociación por los Derechos Civiles, que viene realizando un trabajo sostenido en la materia, considera que darle un marco legal adecuado a la asignación y contratación de la pauta oficial es un paso imprescindible para aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad, evitar sospechas de favoritismos políticos y permitir el control de los fondos públicos destinados a publicidad. Siguiendo ese objetivo, la ADC publicó el año pasado el documento Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial , y lo presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Informe de Reporteros Sin Frontera

Por otra parte, la organización Reporteros Sin Frontera, en su Reporte Anual 2007 , respecto a la Argentina manifiesta que “Mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la presidencia y la prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas (…) el chantaje de la publicidad oficial ha obligado en muchas ocasiones a los medios de comunicación a someterse a la voluntad editorial de los gobernadores, o de los cargos públicos. En Tucumán (Norte), el 13 de marzo se aplazó sine die la difusión del programa “Periodismo de Verdad” en el canal local 5 ATS. El motivo oficial fue que el canal quería dedicar más espacio al ocio y menos a la política. Pero la razón oficiosa fue que el gobierno de la provincia había amenazado con no concederle un maná publicitario de 20.000 euros, indispensable para la supervivencia del medio.”

Riesgos para la libertad de expresión

La asignación discriminatoria de publicidad oficial -sin criterios razonables- y el retiro arbitrario de la pauta publicitaria constituyen un grave problema en nuestro país.

En diciembre de 2005, la ADC, en conjunto con la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, publicó Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina . El estudio, que abordó cuatro provincias y el estado nacional, reveló abusos sistemáticos por parte de funcionarios gubernamentales, muchos de los cuales provienen de larga data y se corresponden con gobiernos de la más variada extracción ideológica o partidaria.

Esta práctica se ve favorecida por marcos legales insuficientes y confusos, que no establecen reglas claras para regular cómo se planifica, se produce, se distribuye o se controla la publicidad oficial.

   

LA PUBLICIDAD OFICIAL Y LA POSICION AL RESPECTO DE LA JUSTICIA

RADIODIFUSIONDATA el Fri Sep 14 at 7:36 pm Uhr
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neuquen discrimino en el reparto de la publicidad

14-SEP/2007

El Máximo Tribunal falló a favor del diario Río Negro el cual denunció al gobierno neuquino por “criterios discriminatorios” a la hora de pautar en medios de comunicación. El mismo sienta jurisprudencia en una causa de Editorial Perfil contra el gobierno nacional.

La Corte Suprema de Justicia falló el miércoles 5 de septiembre en favor del diario Río Negro y determinó que no se puede prohibir la publicidad oficial en los medios cuando difundan noticias contrarias a la política gubernamental, tal como, según la denuncia, lo hizo el gobernador neuquino, Jorge Sobisch.

El Máximo Tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al recurso de amparo que presentó la Editorial Río Negro contra el Estado de Neuquén y condenó al Gobierno de Sobisch a distribuir, a partir de ahora, la publicidad oficial sin “manipularla” en base a “criterios discriminatorios” y sin usarla “como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”.

Además, lo instó a fijar en un mes un criterio razonable a la hora del reparto de las pautas publicitarias, según la resolución.

El fallo sienta jurisprudencia en materia de libertad de prensa ya que si bien admite que no hay “un derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oficial”, subrayó que “sí existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”.

“La primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales:

1) no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios;

2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”, establece el fallo.

La Corte analizó lo ocurrido a partir del 7 de diciembre de 2002, cuando el diario Río Negro difundió una noticia que expresaba que el gobernador pretendía cubrir vacantes de jueces en la Corte provincial con abogados vinculados a su persona.

El Río Negro sostuvo que a raíz de aquella cobertura la provincia neuquina le quitó totalmente la publicidad oficial que le daba en forma habitual y por ello recurrió ante la Justicia contra la “arbitraria decisión” de privar a la editorial y a sus lectores “de la publicidad oficial de los actos de gobierno de esa provincia”.

En ese amparo, reclamó también que se “restituya la distribución de la publicidad oficial que se le atribuía normalmente” para su publicación en dicho diario.

El Gobierno de Sobisch, no obstante, negó la denuncia y aseguró que cortó la publicidad por razones económicas vinculadas a contratar priorizando a las empresas de la provincia de Neuquén y no de Río Negro.

También resaltó la “ausencia de motivos razonables” por parte del Estado para justificar esa interrupción y señaló que el gobierno de Neuquén tenía “la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen la interrupción abrupta de la contratación de publicidad oficial, lo que, como se dijo, no ocurrió.‘

El fallo destacó que existió “una supresión temporaria y una reducción sustancial sin causa justificada” de la publicidad que “evidencia sobre el ejercicio irrazonable de facultades discrecionales”.

La resolución del máximo tribunal marca un antecedente fundamental para demandas similares, como la planteada por Editorial Perfil contra el gobierno nacional, una causa que aún no fue tratada por el máximo tribunal.

La resolución del máximo tribunal no fue unánime: los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni fundaron las bases del escrito; Carlos Fayt lo apoyó con una argumentación diferente, y votaron en disidencia, por distintos motivos, sus pares Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Frente a ello, la Corte decidió admitir la demanda, “condenando a la Provincia del Neuquén a que las futuras publicaciones sean adjudicadas con un criterio compatible con las razones expuestas”.

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