La AFSCA no intervendrá en la venta del Grupo Hadad pese a que viola la ley


LA LEY QUE NO IGUALA A NADIE LA LEY DE MIEDOS

Tal como ocurre con otras operaciones de medios, el organismo estatal encargado del tema prefiere mantener condicionados a los empresarios.Cristóbal López deberá someterse a las generales de la ley K. La Afsca no aprueba ni desaprueba autorizaciones de ventas de medios y congeló la apertura de concursos para ampliar la cantidad de canales de TV con el objetivo de mantener alineados a los empresarios que dependen de la firmas.

Ahora es el empresario kirchnerista Cristóbal López el que se suma al pelotón de medios flojos de papeles frente a las nuevas reglamentaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A dos años de la aprobación de la nueva ley, el organismo que la debe aplicar se encuentra casi congelado y sólo aplica la normativa a los medios que no comulgan con los lineamientos K.

Pese a la promocionada venta del 55% del paquete accionario de los medios que maneja el empresario Daniel Hadad al Grupo Indalo, que maneja López, nadie de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dijo que la operación, de unos 49 millones de dólares, viola el artículo 41 de la ley que tanto defiende el Gobierno. El silencio de radio responde a que otros medios paraoficiales se encuentran en la misma situación.

El artículo en cuestión habla de las transferencias de las licencias. Allí se establece claramente que “excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen más del 50% del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del 50% de la voluntad social”.

Por otra parte, según pudo comprobar PERFIL, al Afsca no ingresó ningún pedido formal para comunicar la operación. En realidad en el organismo que comanda Santiago Aragón están navegando rodeado de una densa neblina y con la mayoría de los proyectos frenados.

El polémico artículo 161 es otro punto en cuestión. Es el de “adecuación” a la normativa, allí se obliga a los titulares de licencias “que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o que con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”.

Son pocos los grupos de medios, entre los que se encuentra Clarín, que pueden no cumplir este punto de la ley como consecuencia de una serie de medidas cautelares, cuyo fondo de cuestión se encuentra a la espera de ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extrañamente, el Grupo Hadad no había cuestionado este punto de la ley, en consecuencia no hay ninguna medida judicial que lo haya eximido de haberla cumplido.

El paquete de la millonaria transacción incluye la señal de noticias C5N, Radio 10 y las estaciones de FM TKM, Pop, Mega y Vale. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también es clara en este sentido: “En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias”.

Pero los medios que ahora maneja López no son los únicos que no están a merced de la voluntad del organismo oficial. Las radios que maneja el empresario proK Raúl Moneta, las AM Radio Belgrano y Radio Splendid, y las FM Blue, Metro, y Rock & Pop, están en una situación similar y en una embrollada situación judicial.

La preocupación por la presión tributaria

Nunca antes la presión tributaria fue tan alta en la Argentina como ahora, aseguran expertos en la materia. Y el Estado nacional no muestra intenciones de reducir su voluntad recaudatoria. Es por ello que entre los consultores de negocios y asesores tributarios crece la preocupación de que el Gobierno avance con el tratamiento en el Congreso el Plan Antievasión III, que llegó al Senado en diciembre y regulará el impuesto a las ganancias de personas y sociedades en rentas financieras y compra y venta de acciones.

La ley hará que los fideicomisos comiencen a tributar 35% de ganancias sin excepción. Y cuando se venda una empresa, habrá que pagarle el 35% de lo ganado al fisco.

Esto por el lado de la Nación. Pero 2012 vuelve a ser un año en el cual las provincias aplicarían aumentos tributarios con fuerza, afirma el especialista Nadín Argañaraz. Santa Fe y Buenos Aires, con sus proyectos de reforma tributaria recientemente presentados en las respectivas legislaturas, son el claro ejemplo de cómo la vía más rápida por conseguir fondos se traduce en aumentos tributarios.  En ambas jurisdicciones, se aumentaría la carga tributaria sobre la intermediación financiera, lo que seguramente encarecerá el crédito.