PARODIA PARA LA LEY DE MEDIOS

por Jorge D´Agostino

Con una pizca de realidad y una pizca de simulacro diario, se cierra una prolija y adulterada novela sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa para que en el fondo nada cambie.
La libertad de prensa es un derecho que permite a las empresas de prensa, estar más protegidas por el Estado, por su íntima relación con la libertad de expresión,  pero eso no significa librarlas del poder de policía del Estado, para evitar el discurso único que es inadmisible en democracia.  Hay otras vías de expresión como los libros,  los blogs etc, pero es la prensa la que tiene la función política de mantener en contacto al ciudadano con la función pública, para que esté enterada de lo que pasa.
El funcionamiento de una República, exige un equilibrio entre la libre expresión y los demás derechos y eso incluye la información pública, la pauta oficial, la rendición de cuentas etc. Los medios y la libertad de prensa son el punto de apoyo a la concreción de la estabilidad en el sistema político.  
Las leyes las dicta el Congreso en la Argentina pero las puede revisar el Poder Judicial, a través de lo que se denomina control de constitucionalidad. La CSJN tiene la última palabra en cuestiones nacionales y por otra parte la Corte Interamericana de DDHH, define cuando el cuestionamiento encierre una violación a Derechos Fundamentales.
El sistema de control de la constitucionalidad de las leyes, se activa por cualquier interés afectado, excluyendo las cuestiones vinculadas a la oportunidad o la conveniencia de la aprobación del Congreso, porque es una facultad que le es propia al legislativo. La CSJN ha denominado varias veces a estas cuestiones como “cuestiones políticas no justiciables”, que también se tienen en cuenta en todos los tipos de normas tales como, decretos, resoluciones, disposiciones, ordenanzas etc.
La aprobación de la Ley de Medios, 26.522, sancionada y promulgada el 10.10.2009, tuvo reproches judiciales del  “Grupo Clarín”, que no es el único multimedios del país, y pidió la inconstitucionalidad de 4 artículos por violar la propiedad privada y cercenar la libertad de expresión, dos derechos constitucionales argentinos.
EL FALLO
La CSJN tiene hoy 7 jueces. En el “Caso Clarín” declaró la constitucionalidad de los artículos cuestionados por 4 votos a 3, el 29.10.2013, dos días después de las elecciones generales de medio término
Los jueces Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni dijeron
En el tratamiento en general,
· que el Congreso puede regular de modo general la multiplicidad de licencias y que esto es constitucional.
· que los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.
· Que en este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.

Esto quiere decir que es constitucional, que la Ley limite:
En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
b) Hasta (10) diez licencias de servicios de comunicación audiovisual
c) Hasta (24) veinticuatro licencias,  con vínculo físico en diferentes localizaciones.
La multiplicidad de licencias a nivel nacional y para todos los servicios en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.
En el orden local:
a) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);
b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM)
c) Una (1)  licencia de radiodifusión televisiva por suscripción,
d) Una (1)  licencia de radiodifusión televisiva abierta
El Juez Fayt voto en disidencia y dijo que como la licencia se equipara al derecho de dominio, no puede restringirse su disposición, y por ello es inconstitucional el artículo 41 de la ley.

Respecto a la protección de los derechos de propiedad (Argibay, Maqueda y Fayt votaron en contra)
Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Zaffaroni.
· No hay en la causa una prueba de que exista una violación de la libertad de expresión derivada de la ley. El Grupo Clarin  es titular de licencias que están protegidas porque integran el concepto de propiedad constitucional.El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada.
Opinión parcial de Argibay:
Las limitaciones de la ley son constitucionales (art 45), pero la forma de implementarlo no lo es y por eso son inconstitucionales los artículos 48 y 161. El cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión. Sugiere la espera el vencimiento del plazo de la licencia:
Opinión parcial de Maqueda:
Las disposiciones de la ley que obligan a la actora a desprenderse de las licencias violan los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión. Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o altera un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.
Opinión de Fayt:
Son inconstitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161, y por ello no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir. Por lo tanto la actora continúa en la misma situación actual, sin necesidad de ajustarse en ningún momento.
La novela que unos pocos delatamos
La opinión pública tanto valorando al gobierno como desacreditándolo es tan categóricamente contundente, que carece de razonabilidad, por imprudente. Entonces pareciera que si se avala el fallo se está  a favor del gobierno, de lo contrario a favor de “Magnetto”. Nada que ver con la verdad.
Desde 2009 hasta hoy, el gobierno enviaba mensajes públicos para que se piense que la ley de medios, estaba suspendida por culpa de “Clarín”, y no reglamentó la mayoría de sus artículos ni aplicó otros de enorme importancia en defensa de la libertad de expresión y de la equidad en el uso del espectro radioeléctrico.
La ley desde su publicación pudo haberse aplicado entera, con excepción de la multiplicidad de licencias y de la cobertura de mercado no mayor al 35% de los habitantes/abonados que estaba en juicio. El gobierno, sin embargo, estimuló la anarquía, hizo creer que la ley estaba suspendida, y el responsable del AFSCA quiso y promovió la distorsión del mercado, dando licencias y frecuencias por resolución, o permitiendo nuevos medios sin control.
Hoy se desconoce (nosotros y el mismo gobierno) cuantos medios de cada tipo pueden localizarse en una zona, porque carece de información técnica, lo que habilita a la promiscuidad local e internacional, ya que no existen protocolos compartidos en la Comisión de Comunicaciones del Mercosur para evitar la colisión de frecuencias en la costa del Río Uruguay.
Hoy el oficialismo  tiene una incidencia nunca jamás vista en los medios con violencia contra  la libertad de expresión y generando autocensura producida por las actitudes violentas de funcionarios, cada vez que alguien piensa diferente al modelo, de manera que aplaudir la ley de medios y no aplicarla, es una absoluta hipocresía.
Desde 2009 venimos recomendando no criticar la Ley de Medios, sino debatirla y ahora reclamamos que lo sea en los elementos que aún faltan, por ejemplo,
I.          El plan técnico nacional de frecuencias.
II.          La aplicación de las exigencias de contenidos locales
III.          La restricción de enlaces nacionales, que hacen que los medios de la Capital, se introduzcan en todas las ciudades ejerciendo una posición dominante en el mercado
IV.          El reconocimiento a las radios de FM de baja potencia, que han sido literalmente abandonadas a su suerte, por la indulgencia del AFSCA de permitir la instalación y emisión libre de estos medios, que en sí mismo, produjo un caos de frecuencias, nada más lejos de lo que la ley propone.
V.          La reserva del 33% de licencias (art  89 inc f) de organizaciones sin fines de lucro, no refiere a aspectos de publicidad ni contenidos y puede hacerles adquirir un privilegio frente a las organizaciones con fines de lucro, al competir en la venta de espacios, publicidad y tener contenidos libres lo que nada tienen que ver con los objetos de sus personas juridicas
VI.          La creación de un organismo técnico independiente del gobierno que suplante el AFSCA
El fallo de la CSJN, con sus argumentos y citas de casos internacionales, esinsuficiente si en la práctica hay indulgencia para los que violentan la libertad de expresión, en especial, la embustera aparición en esta década de los periodistas de la TV Pública, que usan dinero  del pueblo para defender de manera militante un proyecto de gobierno. Estas personas para la República, son tan respetables periodistas, como los manosantas, respetables médicos.
Yo estoy convencido, que haber limitado a un año la desinversión, fue un acto irresponsable que nos produjo más daño social que soluciones.
A la vista está la cínica actitud del AFSCA de permitir a otros grupos de medios, desinvertir dividiendo entre empresas cuyos titulares se encuentran íntimamente vinculados entre sí, y de allí declamar que se trata de combatir el oligopolio mediático. Que farsa!.
Mientras el sandwich de un lado tiene a mas de 100 medios identificados que mantienen su  rótulo oficialista, por otro lado, los medios dependientes del Grupo Clarín, una poderosísima corporación que defiende sus intereses económicos. Al medio estamos nosotros.
Entonces, es el Estado el que debe poner el equilibrio, aceptando el fallo de la CSJN, y a través del Congreso, corregir inmediatamente los agujeros constitucionales que le quedan por cubrir, en especial, cambiando el mega organismo neoguebeliano que se denomina AFSCA.
No existe en medio de la anarquía, ni prensa, ni libertad de expresión que beneficien a la República.